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· Durante la discusión de la Ley de Ingresos 2018, celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Diputado Federal Jorge Ramos Hernández subrayó que la propuesta presentada a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), impacta en los rubros social, económico y en seguridad pública

CIUDAD DE MÉXICO, JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017.- El Diputado Federal por Baja California, Jorge Ramos Hernández, presentó esta tarde una propuesta de regularización de vehículos usados para la Frontera Norte de México, con la finalidad de apoyar la situación por la cual atraviesan millones de familias de escasos recursos que se mueven en este tipo de unidades para realizar sus respectivas necesidades de traslado.

Durante la discusión de la Ley de Ingresos 2018, celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Legislador subrayó que la propuesta presentada a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), impacta en tres rubros importantes de la regionón fronteriza.

En este sentido, Jorge Ramos detalló que el primero de ellos es el Impacto Social, donde según el INEGI el 27% de las familias no tuvieron la capacidad siquiera de poder atender la canasta básica para llevar alimentos a sus familias, menos aún la posibilidad de comprar un vehículo nuevo en las agencias del País.

"Por otro lado, tenemos 7.5 millones de vehículos internados ilegalmente en México, es decir, una tercera parte del parque vehicular oficialmente reconocido se está reflejando en familias que tienen que lidiar con el problema de la corrupción y la extorción policíaca en sus ciudades, además de la molestia de la infinidad de asociaciones de carácter privado que están cobrando como si fueran Gobierno", precisó el Diputado Federal.

El también Presidente de la Comisión de Seguridad Pública e Integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, subrayó que en el tema de la seguridad, es justamente al amparo de este medida que se cobijan el crimen organizado y también criminales del orden jurídico, es decir, en estos vehículos que no tienen placas, registro ni regularización, permiten la movilidad del crimen del orden federal y común.

En tanto que en economía, puntualizó, se concentra la mayor afectación, ya que alrededor de la venta de autos usados giran un millón de empleos indirectos, como el carrocero, el llantero, el mecánico e infinidad de comercios de mediana economía que hasta el día de hoy después del decreto de 2014 están imposibilitados a ejercer un comercio legal.

"Aquí la realidad se ha encargado de confrontar al Gobierno, en su intención de evitar que este tipo de vehículos llamados chocolates o irregulares se internen, porque por una parte este Decreto impide el acceso legal y legítimo que aumentaría en la fuente fiscal de ingreso del País y por otra parte la hipocresía de que esos 7.5 millones de vehículos no llegaron solos a México, pasaron por las aduanas de la frontera con actos de corrupción", mencionó Jorge Ramos.

En su mensaje, el Diputado Federal, dijo que no se ha podido regularizar la situación de las familias propietarias de este tipo de vehículos y por otra parte también están impidiendo que la hacienda pública se fortalezca legalmente.

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